La utilización de sustancias venenosas de forma intencionada para el control de predadores naturales y asilvestrados en el medio natural es una de las principales amenazas para la conservación y supervivencia de numerosas especies de fauna silvestre.
El incremento de animales muertos en el campo con signos evidentes de envenenamiento, provocó en el año 1994 una reacción coordinada, con la creación del Programa Antídoto, integrado por varias de las principales organizaciones ecologistas del país. El trabajo realizado desde entonces ha servido para que las Administraciones Públicas y los agentes sociales y económicos tomen conciencia del grave problema.
Gracias a ello se han adoptado diversas iniciativas para luchar contra el uso ilegal de venenos, entre las que destaca la Estrategia Nacional aprobada en 2004. Especial mención merece el intenso trabajo desarrollado por los Agentes Forestales y Medioambientales y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
A pesar de ello, esta práctica ilegal se encuentra extendida por todo el territorio nacional aunque con intensidad dispar, resultando un factor de riesgo particularmente grave para las poblaciones de algunas de las especies protegidas más amenazadas.
La gestión del problema que supone el uso del veneno presenta multitud de dificultades, derivadas tanto de la complejidad en la tramitación de los expedientes sancionadores
o incluso de las diligencias penales en los que pueden llegar a intervenir multitud de actores, como de la necesidad de disponer de conocimientos, medios y mecanismos de coordinación
específicos que faciliten la atribución indudable causa-efecto en los casos de envenenamiento.
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